Por un pedido de la Defensoría, la Justicia ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas en el país

El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca resolvió hacer extensiva a todo el territorio nacional la medida cautelar dictada en septiembre en el marco del amparo colectivo impulsado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, y distintas organizaciones de personas con discapacidad, y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, todas las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas.

La resolución, dictada por el juez federal Miguel Ángel Contreras, dispuso además que ANDIS deberá pagar los haberes retenidos hasta la fecha y abstenerse de continuar las auditorías o aplicar nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial.

El fallo alcanza a beneficiarios y beneficiarias de todo el país y tiene su origen en el reclamo colectivo presentado ante la Justicia Federal, luego de que miles de personas con discapacidad vieran suspendidas sus pensiones sin notificación previa ni criterios claros.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, valoró la decisión judicial y expresó que “este fallo le devuelve tranquilidad a miles de personas con discapacidad y a sus familias. Nadie puede quedarse sin su pensión de un día para el otro por una decisión administrativa sin fundamentos ni comunicación previa.”

Lorenzino también destacó el rol de las organizaciones que acompañaron la acción: “La articulación entre instituciones públicas y asociaciones civiles fue clave para defender un derecho básico y evitar un daño irreparable en un sector de alta vulnerabilidad.”

El tribunal reconoció la legitimación colectiva de la Defensoría y de las asociaciones APYFADIM (Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores) y Asociación Azul, en representación de las personas afectadas.

La medida judicial ratifica el principio de progresividad y no regresividad de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional en nuestro país.